emmanuel guerrero

Vicente Fox resultó ser extraordinario candidato, mediocre Presidente y mal ex presidente. No fue menor derrotar al PRI; sin embargo, su gobierno será visto como oportunidad perdida; el entorno, la coyuntura y el relevo de administración le fueron privilegiadamente favorables, pero el gobierno se malogró por las carencias políticas e intelectuales de un hombre a quien la historia llamó a la puerta.

El incremento de impuestos en la Cámara de Diputados ha dado lugar a una disputa que va más allá de las razones y argumentos sobre lo qué es más conveniente para el futuro del país. La decisión de la Cámara baja fue difícil y por ello, no deja de ser sorprendente el número de diputados que aprobaron el cambio, evidencia de una buena negociación, sobre todo, porque entraña un costo político directo.

Tuvo que pasar casi una década, pero finalmente ocurrió: un gobierno panista tomó una decisión digna del momento histórico que llevó al partido al poder en el 2000.

La liquidación de LyFC pone a prueba el régimen vigente sobre las atribuciones del Presidente. El tema se desenvuelve en dos planos: el político, que se refiere a la capacidad de generar consenso social sobre una decisión de autoridad; el legal, relacionado con las atribuciones constitucionales del Presidente.

Si Enrique Peña Nieto quiere ser Presidente, tiene que comenzar a tomarse más en serio la carrera presidencial. Debe entender que no todo el público lo adora. Que hay gente que lo está midiendo para ver si posee el tamaño que se requiere para ser el jefe del Estado mexicano.

Conforme pasa el tiempo se confirma la evidencia de que la transición democrática en México careció del capital humano para asumir responsable y constructivamente el cambio. El gradualismo que la caracterizó permitió la continuidad no sólo de personas, sino de actitudes y valores que minaron aliento transformador.

La añeja idea de mexicanizar Banamex ha revivido, ahora con el perredista Carlos Navarrete, que preside el Senado, quien afirmó que lanzará una controversia constitucional por el caso, argumentando que la ley prohíbe que gobiernos extranjeros sean accionistas de instituciones bancarias.